La iniciativa, que comenzó a ser estudiada en la Comisión de Constitución, moderniza el sistema que ha regido en nuestro país por más de 150 años y contempla la "desnotarización" de una serie de trámites legales.

Una profunda modernización al sistema registral y notarial que ha regido en el país por más de un siglo, es el que contempla el proyecto que modifica los aspectos orgánicos y funcionales del sistema y que comenzó a ser estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La iniciativa cumple su segundo trámite en la Cámara Alta y durante la primera sesión en que se analizó, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó en detalle los principales aspectos de la reforma. Asimismo, se conoció de al menos tres peticiones de audiencias por parte de diversos actores vinculados a la materia, razón por la cual se elaborará un listado con quienes pidan ser oídos por la Comisión, a fin de tener una idea integral del tema.

En lo fundamental, el titular de Justicia, señaló que "esta es una reforma necesaria para la gente y sin perjuicio de reconocer el rol de notarios y archiveros, se necesita un cambio y estamos impulsando una modernización sustantiva del sistema, una reforma de fondo".

Explicó que durante los años 2015 a 2017 el notario promedio obtuvo rentas superiores o iguales a $14 millones mensuales, y los notarios que más obtienen renta corresponden a los ubicados en Santiago Centro, que en promedio alcanzan los $24 millones mensuales.

Asimismo, señaló que el 83% de los encuestados declaró no haber visto al notario en algún momento del trámite y que se pudo comprobar sistemáticamente que los precios cobrados son superiores a los establecidos en el arancel que rige la actividad notarial.

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO?

En lo principal, el proyecto contempla una serie de medidas para mejorar el sistema notarial y registral en distintas dimensiones, sobre la base de los fundamentos del actual.

Para ello, mantiene en los notarios y conservadores las actuaciones más relevantes para la seguridad jurídica de nuestro sistema, pero "desnotariza" una serie de trámites legales, además de incorporar a nuevos actores al sistema.

También moderniza el sistema notarial y registral para robustecer su legitimidad y promueve la articulación entre ellos para otorgar un servicio más eficiente.

El proyecto propone un nuevo sistema de nombramiento basado en el mérito, transparencia y que elimina barreras de entrada; plantea la eliminación de los mecanismos de permutas y traslados; e incorpora exigencias de nueva tecnología en trámites y servicios, reduciendo costos, trámites presenciales y disminuyendo los tiempos de tramitación.

Junto con proponer la "desnotarización” de trámites, aumenta la oferta, mediante la creación de la figura de los "fedatarios" públicos y externos, e incorpora criterios objetivos para la creación de nuevas notarias, considerando que actualmente existen 160 comunas sin notarios.

En materia de transparencia activa, incluye la exigencia de una página web que contenga publicación de aranceles e informes públicos de auditorías anuales. Asimismo, deberán publicar en las páginas web información relativa a la dirección del oficio; el horario de funcionamiento; los trámites que puedan realizarse y los requisitos necesarios para hacerlo; los aranceles por trámite; nómina de suplentes actualizada; balances anuales; sus declaraciones de intereses y patrimonio; últimos tres informes de supervisión elaborados por el respectivo fiscal judicial, y deberán contar con un canal de consultas, reclamos y sugerencias.

También tendrán la obligación de publicar en sus páginas web los índices de las escrituras públicas e instrumentos protocolizados, el repertorio y tener acceso al repositorio digital que administrará el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En tanto, tendrán la obligación de rendir con una frecuencia no superior a 3 años, un examen de conocimientos jurídicos, de administración y destrezas jurídicas que realizará la CAPJ.