El convencional Andrés Cruz, independiente del Colectivo Socialista, dice que el veto a la derecha sigue al interior de la Convención. “Hacer partícipe a la derecha tendría dos efectos que serían sumamente útiles. Uno, impediría que volvieran los informes a las comisiones. Y dos, permitiría asegurar el plebiscito de salida”.

 -¿Cómo ves el trabajo de la Convención en esta etapa: siguen dominando los grupos más radicales o ha podido ampliarse el diálogo?

-Da la impresión de que en el plenario se están moderando un poco las posiciones. Las normas que tenían un grado de ser impracticables o que parecían delirantes fueron cayéndose. Las de Medio Ambiente y Modelo Económico, algunas que venían mal diseñadas en Sistemas de Conocimiento. Lo que hizo que quienes teníamos una posición más prudente viéramos con optimismo lo que estaba ocurriendo. Pero hay que tener cautela, porque también hay señales preocupantes.

-¿Cuáles?

-En las comisiones, la verdad que yo no he notado repercusiones en términos de poder morigerar las posturas. De hecho, se siguen aprobando normas que claramente no van a pasar el cedazo del plenario. Y que de pasar harían muy complejo poder defender este proceso más adelante. Eso implica que no hubo conciencia del problema en que está la Convención, por parte de las posiciones más radicalizadas.

-¿Sigue el veto a los sectores de derecha?

-Se sigue excluyendo a la derecha del ámbito de discusión. Hacer partícipe a la derecha tendría dos efectos que serían sumamente útiles. Uno, impediría que volvieran los informes a las comisiones, con la disminución de recarga de trabajo que eso significaría. Pero la actitud contumaz de los más duros, impide forzar un trabajo más efectivo. En segundo lugar, permitiría asegurar el plebiscito de salida, porque obviamente estos sectores de derecha representan al menos al 40% de la población según las últimas elecciones.

-En el caso de Sistema de Justicia, ¿mejoró el trabajo o queda mucho por definir?

-Falta por avanzar y me hubiese gustado que tuviésemos mucho más inclusión de los sectores de derecha que están representados dentro de la comisión. Creo que es importante que ellos participen activamente, para asegurar el resultado del trabajo. Hay que reconocer que como se trata de una comisión de carácter más técnico, el contenido ideológico pasa a un segundo plano. Eso hace que se pueda trabajar de manera más fluida. Incluso en determinadas circunstancias, pese a no haber sido considerada, la derecha ha aprobado determinadas normas.

-¿El tema del sistema de justicia indígena sigue haciendo ruido?

-Claro que está haciendo ruido. Más aún cuando ayer martes se cayeron normas de manera definitiva. De las normas que consagraban el sistema indígena hubo dos que no pasaron, pero obtuvieron más de la mitad de los votos, entonces vuelven a la comisión. Eso va a permitir tratar de reestructurarlas, incorporando cuáles son las materias, cuál es el ámbito de aplicación, el derecho a opción, que podría ser entregado a una ley, para que determine cuál es la aplicabilidad.

Además, en virtud del principio de unidad en jurisdicción, la idea es que quede una sala especializada de la Corte Suprema, que pueda conocer de los recursos que se puedan deducir en contra de las decisiones que adopten las autoridades que hagan las veces de tribunales de justicia de los pueblos originarios.

-La edad de jubilación de los jueces baja de 75 a 70 años. ¿Te parece correcto?

-Creo que eso va a quedar resuelto por las disposiciones transitorias. No me parece una mala norma, pero sí no creo que deba ser aplicada a quienes pertenecen al escalafón primero del Poder Judicial  actualmente. Porque ellos entraron con otra prerrogativa, por lo tanto si no queremos vulnerar la convención internacional contra la discriminación del adulto mayor, tenemos que tener disposiciones  que no hagan aplicable esta normativa a quienes hoy se encuentran ejerciendo dentro de los tribunales de justicia.

-¿Cuál es la importancia de los juzgados vecinales?

-Una de las novedades más importantes son los juzgados vecinales, los centros de mediación vecinal, y los juzgados de ejecución de pena. Eran cosas que hace tiempo se estaban demandando y que eran necesarias para poder acercar la justicia a  la ciudadanía. También es importante poder hacer efectivos los procesos de resocialización respecto de las personas privadas de libertad y descongestionar los tribunales de garantía.

-Pero va a haber una justicia indígena, eso está claro.

-Sí, va a haber una justicia indígena pero mucho más acotada. Creo que constituye el reconocimiento de una situación que hoy se puede dar dentro de las comunidades y que en lugar de negarla hay que institucionalizarla. Hay algunos que pretenden que esto se aplique respecto de todas las materias, pero hay un grupo, entre los que me incluyo, que pretende que esto quede enmarcado en situaciones precisas. Eso va a ser objeto de debate.

-Teniendo experiencia con la violencia mapuche en el ministerio público, cuando investigaste a Llaitul y la CAM, ¿cómo puede funcionar un sistema indígena para hechos de esta clase?

-Obviamente ese tipo de conductas no pueden ser resueltas por parte de comunidades indígenas, porque no tienen las herramientas ni los recursos para abordar investigaciones de esas características. Además, la presión que se podría ejercer respecto de las autoridades por parte de grupos violentistas sería demasiado fuerte. Por eso creemos que hay que sustraer el ámbito del conocimiento de las causas penales de esta  justicia indígena y hay que dejarla entregada a la justicia ordinaria o nacional.

Además que hay otro aspecto que está relacionado con esto, y es que hay ciertos principios de derechos humanos, que es sumamente dificultoso que se puedan cumplir si aplicamos el derecho consuetudinario indígena: como el que las personas sean juzgadas por un tribunal que esté establecido con anterioridad por la ley, el derecho a defensa. Distintos aspectos que si bien es necesario interpretar de manera intercultural no significa negarlos.

-Aunque no es tu comisión, otro punto clave es el sistema político. ¿Está avanzando?

-Estaba entrampado, pero creo que se está dando un diálogo que pueda generar la esperanza de que tengamos novedades pronto en torno a una propuesta, que sea consensuada para evitar el bochorno de no tener una propuesta de gobierno, de ejecutivo y de legislativo en la nueva Constitución.

-¿El fin del Senado está decidido?

-Va a subsistir una cámara territorial, con prerrogativas que permitan justificar el hecho de que exista. Es indispensable su reconocimiento tomando en cuenta que la estructura de Estado que se propone es de estado regional. Si no tenemos una cámara territorial, la verdad es que el proceso de regionalización pierde mucha fuerza.

-¿El tema de vicepresidente o ministro de Gobierno sigue provocando desacuerdo?

-Yo creo que es urgente que se elimine una de las dos figuras. Este ministro de gobierno responde a la demanda de aquellos que quieren sustentar un sistema parlamentario. No se justificaría constitucionalizar ese ministro.

-¿Cuáles son los sectores más reacios al diálogo en la Convención?

-Hay un sector de los pueblos originarios que unidos con cierto sectores de la ex Lista del Pueblo, generan problemas en la conversación. Pero confiemos en que esto se vaya superando, para evitar estas posiciones que impiden ir transando.

-¿Qué puntos son los que más te preocupan?

-El gran riesgo es que la constitución quede sobrecargada de aspectos indigenistas y eso aumente el rechazo. Que puedan hacer que en el plebiscito de salida muchas personas no se vean identificadas con la Constitución, ya que más que proponer una solución institucional hacia el país, lo hace para identidades muy específicas, y eso podría atentar en contra del resultado.

En Sistema de Justicia me preocupa que quede mal compuesto el Consejo de la Justicia, sobrecargado de representación política y con poca representación judicial, pero a la vez es importante evitar que se transforme en una corporación. No queremos crear una  casta especial de magistrados, tampoco se trata de eso. Actualmente se propone un consejo de 17 miembros. Para mí, lo ideal sería que fuesen al menos nueve jueces.

-Como abogado, ¿crees que esta constitución, así como va, fortalece la igualdad ante la ley o queda más frágil?

-Creo que  es súper importante el tema, porque todo va a pasar por cómo se reconozca el principio de igualdad  en Bases Constitucionales y cómo se desarrolle en la comisión de Derechos Fundamentales, que van a tener que abordar la temática de la igualdad. Es urgente evitar que por el afán de remover ciertos aspectos discriminatorios para grupos minoritarios, terminemos afectando precisamente el principio de igualdad.

FUENTE: www.ex-ante.cl/