Mediante una jornada de exposiciones y debate en torno a los Espacios Costeros Marino Pueblos Originarios (ECMPO), se congregaron representantes de organizaciones de productores y cuidadores de los bienes comunes costeros, de servicios públicos, investigadores universitarios y autoridades locales para dispersar las dudas sobre el régimen jurídico de las costas y las implicancias de la solicitud de ECMPO en Lebu.

La instancia realizada en la Hostería Millaneco, fue facilitada por las Redes de Comunes Costeros de Lebu y la Mesa Territorial Lafkenche Leufü, perteneciente a esta y quien agrupa a las 12 comunidades que solicitan el espacio costero.

Alfonso Henríquez, abogado y docente de la Universidad de Concepción, entregó, en primera instancia, el panorama general de las leyes y entidades que inciden en el borde costero, cómo se zonifica y qué tipo de concesiones existen.

Según el abogado, en la práctica existen aún problemas en la zonificación que identificó en 5 puntos: primero, se sanciona mediante de un decreto supremo presidencial, restringiendo o limitando las garantías fundamentales o derechos constitucionales, siendo que solo una ley tiene esa potestad; segundo, el sistema no logra sistematizar sus componentes ya que está sujeta a instrumentos como la Ordenanza de Planificación y Urbanismo; en tercer lugar, existe una preocupante dispersión normativa, debido a la diversidad de entidades que pueden normar la zonificación costera, entonces quienes fiscalizan (la Marina) deben atender junto a otras autoridades también pudiendose ver en conflicto; cuarto, debido la intensidad distinta en la zonificación y, finalmente, hay dificultades de integración entre los distintos marcos normativos, siendo la ley de pesca la prioritaria sobre las concesiones marítimas y áreas de manejo.

Entonces, en palabras de Alfonso, “la diversidad de intereses frente a una regulación con dispersión de entidades que deben confluir para determinar normas o concesiones, además de las distintas materias y usos que se refieren a las afectaciones y leyes como la ley de pesca y la de Caletas, dota de gran complejidad a la existencia de la Ley Lafkenche dentro del panorama jurídico actual”.

Entrando de lleno en la experiencia de la Ley Lafkeche, expusieron los profesionales de Fundación Para la Superación de la Pobreza, Cristina Ñancucheo y Bernardo Pardo, quienes la abordaron presentando la historia de organización que levantó a los pueblos originarios de la costa y a sus principales características.

Cristina comenzó explicando que las ECMPO nacen para enfrentar desde la perspectiva mapuche e indígena la forma autoritaria del Estado quien con la Ley de Pesca reconoce a entes que explotan y comercializan los recursos marinos pero no a comunidades que también los usufructúan como sujetos de derecho, discriminándoles como actores en la política pública.

Entonces, entre 1997 y 2004, se levantaron instancias de socialización y movilización para que las comunidades pudieran acceder a los usos de la costa, logrando la promulgación de la Ley en 2008.

Según explicaron los expositores, la Ley, que demora en promedio 12 años para la asignación de un espacio marítimo, genera una gran oportunidad de participación para las actorías territoriales pues permite y obliga la incorporación de organizaciones ligadas a la pesca artesanal y la recolección de orilla u otras en la confección del plan de administración junto a las comunidades de pueblos originarios. Además de frenar afectaciones en las zonas solicitadas por industrias que quisieran instalarse.

Dentro de sus principios destaca que esta es voluntaria, o sea, permite la libre asociación entre comunidades; es gratuita, y respeta derechos constituidos previamente a una solicitud ECMPO. Esta es exclusiva de comunidades indígenas constituidas jurídicamente debido a las prácticas colectivas y su cultura.

Finalmente expuso Sandra Naín, representante de la Mesa Territorial Lafkenche Leufü, quien abordó la historia de la solicitud ECMPO que se pretende instalar en la costa de Lebu.

Esta comienza con un primer intento entre 2013 y 2015 pero por dificultades de conexión y comunicación en el procedimiento se desestimó, para luego, reintentarlo en una segunda oportunidad en 2018 que se ingresa en abril de 2021.

Esta contempla a 12 comunidades solicitantes quienes contemplan en su plan de administración navegación, recolección de orilla, pesca, comercialización, recolección medicinal y de uso doméstico, uso religiosos, recreativos e históricos (cuentos o epew).

Busca incluir la participación de los sindicatos de pescadores artesanales, las agrupaciones de recolectores de orilla, agrupaciones de turismo y recreación y la asociación indígena Treng Treng de Morhuilla. Para lo cual están en proceso de identificación de quienes no se contraponen a los principios de la solicitud, que en si es la protección y sustentabilidad del espacio.

La actividad se realizó en el marco del proyecto Anillo “Laboratorios de codiseño para el cambio climático, gobernanza y cuidado de comunes en zonas costeras en el centro sur de Chile”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo – ANID, y ejecutado por la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Maule y la Universidad de Los Lagos; además, cuenta con el apoyo de Servicio País. En el cual actorías locales crearán soluciones innovadoras para el cuidado de los comunes en base a sus conocimientos y culturas junto al apoyo de las y los profesionales de las universidades asociadas en el secano costero maulino, Lebu y San Juan de la Costa, durante los próximos tres años.