El consejero regional presentó un requerimiento ante la Contraloría Regional por el presunto uso irregular de $12.300 millones del royalty minero por parte del Gobierno Regional del Biobío, cifra que supera incluso al del escándalo de los convenios en la región.

Acusa falta de legalidad en las reasignaciones presupuestarias, ausencia de propuestas para el desarrollo regional y una gestión marcada por el sectarismo y la desconexión con las prioridades ciudadanas. 

El Consejero Regional Marcelo Rivera Arancibia presentó hoy un requerimiento de legalidad ante la Contraloría Regional del Biobío en relación con dos modificaciones presupuestarias por un monto total de $12.300 millones, correspondientes a recursos del Fondo Regional para la Productividad (royalty minero), los cuales habrían sido reasignados a proyectos que no cumplirían con los requisitos legales establecidos para el uso de estos fondos.

“Aquí no solo hay un problema técnico o administrativo: hay una desviación preocupante del propósito de estos recursos, afectando directamente a proyectos claves en salud, deportes y áreas verdes que benefician a la ciudadanía”, afirmó Rivera.

Un Gobierno Regional sin rumbo

A seis meses del inicio de la actual administración regional, liderada por el GORE junto con la derecha política, el Consejero Rivera advierte que no se observan proyectos de desarrollo ni propuestas concretas para abordar los desafíos urgentes de la región. “En lugar de una hoja de ruta clara para el progreso regional, lo que vemos son errores, improvisación y un discurso anclado en el pasado”, declaró.

Asimismo, Rivera acusó una total desconexión del GORE con las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad, el desempleo y el fortalecimiento del sistema de salud. “No hay propuestas, no hay liderazgo, no hay visión”, remarcó.

Exclusión, sectarismo y falta de transparencia

El Consejero también denunció que, pese a haber expresado reiteradamente sus críticas y propuestas en el marco institucional del CORE, el equipo del GORE ha respondido con sectarismo, soberbia y exclusión, ignorando la voluntad de colaboración de quienes hoy representan una minoría política.

Rivera fue el único consejero que se abstuvo en la votación de las modificaciones presupuestarias cuestionadas, precisamente por advertir su base ilegal. “Estas decisiones no solo son erradas, sino que inducen al error a un CORE en formación, que confía en la legalidad de los antecedentes que se le presentan”, señaló.

Una situación más grave que el “caso convenios”

El monto involucrado, de $12.300 millones, supera incluso al del escándalo de los convenios en la región, lo que subraya la gravedad del caso. Rivera llamó a que la Contraloría aclare esta situación y establezca un precedente para que no se repitan maniobras presupuestarias donde se ocultan los proyectos perjudicados y beneficiados, como habría sucedido con el caso del mercado de Concepción.

“El sectarismo y la soberbia han demostrado ser pésimos consejeros para liderar el Gobierno Regional. Exigimos legalidad, transparencia y que se construya un modelo de gestión con visión y responsabilidad”, concluyó.