Cuando el Estado se debilita —por improvisación, populismo punitivo, captura política o corrupción— el crimen se fortalece. No ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Primero se relativizan los procedimientos. Luego se justifican los atajos. Y finalmente se normaliza una ley flexible para algunos y severa para otros.

Al crimen organizado le basta con que el Estado se vuelva errático, politizado o moralmente ambiguo.

Y conviene decirlo sin ingenuidad: el crimen organizado ya no es el de las películas de Hollywood que controla una esquina, cobra “protección” en un barrio o trafica droga en una población. Hoy opera como verdaderas multinacionales del delito. No buscan solo territorios: buscan influencia. No solo intimidan: infiltran. Y contratan a los mejores profesionales para blindar jurídicamente sus operaciones.

En distintos países —y Chile no es inmune— estas redes han logrado penetrar espacios de decisión pública, financiar campañas, capturar voluntades, influir en regulaciones y moldear leyes que terminan favoreciendo sus intereses. El delito se vuelve sofisticado: blanquea su conducta a través de marcos regulatorios diseñados a medida, fallos judiciales discutibles o vacíos legales convenientemente administrados. Cuando eso ocurre, el crimen deja de ser marginal y se vuelve estructural. El llamado caso de la “muñeca bielorrusa” es un ejemplo de cómo las redes delictivas pueden escalar niveles institucionales.

Cuando las élites pierden la virtud, la ética y la moral, la sociedad entera se relaja. Si quienes conducen el Estado envían señales de que las reglas pueden acomodarse a conveniencia, ¿por qué el ciudadano común habría de respetarlas estrictamente? La corrupción no comienza en la calle: comienza en la cima cuando el ejemplo se erosiona.

El nuevo Congreso tiene ante sí una oportunidad histórica. Cerca de la mitad de la Cámara está compuesta por diputadas y diputados que llegan por primera vez. En el Senado también se incorporan nuevas figuras. La renovación puede ser una señal de esperanza, pero también un riesgo si se deja capturar por las mismas lógicas corporativas que han debilitado al Estado.

Entre otras políticas públicas, es necesario, con urgencia, revisar el sistema de nombramientos de magistrados y altas autoridades judiciales. Mientras la variable político-partidista siga teniendo un peso determinante en esos procesos, el mérito se relativiza y la independencia se erosiona.

La independencia judicial no es una consigna académica: es el muro de contención frente al crimen y frente al abuso de poder. Cuando la justicia pierde legitimidad e independencia, el Estado entero pierde autoridad.

El crimen organizado entiende mejor que nadie la importancia de las instituciones. Por eso busca infiltrarlas, corromperlas o intimidarlas. Un Estado débil y una política populista y fragmentada son sus mejores aliados. Un Estado fuerte —ético, profesional y predecible— es su principal enemigo.

El llamado al nuevo Congreso es claro: abandonen las defensas corporativas, prioricen la calidad institucional por sobre la conveniencia partidista y comprendan que el verdadero progreso no se construye con discursos estridentes, sino con instituciones sólidas.

Porque cuando el Estado se debilita, el crimen no solo avanza: se institucionaliza. Y desmantelar un crimen institucionalizado toma generaciones.