Hace un par de semanas, el Gobierno volvió a cambiar las reglas del juego sobre la gratuidad en la educación superior, pasando de un 60 % de los alumnos más vulnerables que cursaran en universidades del CRUCH a un 50 % de estos mismos estudiantes, pero dejando la puerta abierta a casas de estudios que no pertenezcan a este consejo. Lo anterior, siempre y cuando cumplan con tres requisitos: estar acreditada por cuatro años, no tener ningún tipo de vinculación con entidades comerciales y poseer un gobierno triestamental.

Por otra parte, el pasado 20 de agosto, el Mineduc publicó en su página un documento que establecía nuevos parámetros para acceder al beneficio, donde se decía que serían parte de la gratuidad las instituciones del CRUCH y las que no pertenecían a él mientras estuviesen acreditadas por cuatro años o por tres en investigación. Asimismo, permitía que entre los integrantes de las fundaciones o corporaciones de las universidades, participaran sociedades comerciales, siempre y cuando no eligieran más del 10% del directorio.

Esta información hace pocos días fue desmentida por la propia ministra Delpiano, lo que claramente demuestra la improvisación y falta de seriedad que el Ejecutivo le está dando a este proyecto. Sin ir más lejos, esta semana se dijo por parte de la autoridad, que el proyecto será enviado al congreso a final de año y el 2016 se tendrá todo para discutirlo. Por ende, en noviembre el Mineduc oficializará a las casas de estudios que accederán a la gratuidad; es decir, ni el Gobierno sabe cómo sacar adelante su propia reforma.

Desde el comienzo del gobierno, nada se decía sobre cómo se iba a implementar esta reforma tan importante. Sólo se mencionaba una especie de acuerdo a la que debían suscribirse las instituciones para acceder a la gratuidad, donde aquellos que no lo hacían simplemente no serían parte de dicho beneficio. Esta falta de información concreta ha ocurrido con todas las reformas impulsadas por el oficialismo. ¿Pero qué hizo cambiar de opinión al gobierno respecto de la primera parte del proyecto, que excluía a la Ues que no son parte del CRUCH? Sin duda que una de las principales razones es la baja constante y pronunciada que ha experimentado la aprobación, tanto de su gestión como de las reformas impulsadas por La Moneda, que se plasma en los números negativos que se recogen en las encuestas.

Respecto de los tres requisitos, el más lógico pareciera ser el de los cuatro años de acreditación, por ser el único que se relacione directamente con la calidad de la educación entregada por las casas de estudios. Esto es sensato hasta cierto punto, puesto que sólo se le exigirá estos cuatro años a las universidades que no están en el CRUCH, privilegiando nuevamente a las universidades que sí son parte de este consejo, lo que presume su calidad por el único hecho de estar en él. Sin embargo, hay entidades como la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Católica de Temuco, la Universidad de Los Lagos y la Arturo Prat, que sólo cuentan con tres años de acreditación, pertenecen al CRUCH y que, de igual forma, accederán a la gratuidad, constituyendo una discriminación abierta y arbitraria, que destruye e incinera el paradigma de “igualdad” tan profetizado por el gobierno. ¿Acaso sólo lo pueden invocar cuando les conviene? ¿O es sólo un eslogan? Son preguntas que surgen al analizar de forma seria esta nueva propuesta.

Ahora, los demás requisitos son una clara manifestación de la ideología que promueve la Mandataria, ignoran el problema central, y no se hace cargo de temas importantes, como por ejemplo, lo que pasa con los vespertinos y programas ejecutivos. Estos modelos de enseñanza a los que acceden estudiantes trabajadores han quedado abandonados por esta reforma, quedan fuera miles de jóvenes que sacrificadamente trabajan día a día para obtener un título y sacar adelante a sus familias, porque eso es lo que está en juego. Entonces, ¿por qué el Gobierno no se centra en lo vital que es la calidad de la educación y se deja de perjudicar a los estudiantes que más necesitan de esta gratuidad?

El camino es claro y el Gobierno debe ajustar la brújula: debemos avanzar hacia una política educacional integradora y no segregadora. Esa debe ser nuestra meta y la de las autoridades. Lamentablemente, aún quedan muchas dudas sobre si el Gobierno abandonará dogmas ideológicos y se hará cargo de la realidad de los estudiantes más vulnerables