El Biobío lidera un ranking que nadie quiere encabezar: seis meses consecutivos como la región con mayor desempleo de Chile. En el trimestre enero-marzo 2026, la tasa llegó al 10%, frente al 8,9% nacional. Y si se suma el subempleo y la fuerza laboral potencial, la cifra escala al 19,8%. No es un accidente.

Es el resultado medible de un sistema de permisos que funciona como un impuesto invisible a la inversión.

La Universidad San Sebastián lo cuantificó: en 2024, el costo de la permisología en el Biobío fue de US$100 millones, con 9.653 empleos bloqueados. La inversión validada ese año cayó un 48% bajo el promedio histórico.

Los plazos de tramitación de Estudios de Impacto Ambiental en la región llegaron a 1.870 días, casi el doble del promedio nacional de 1.000 días. Los casos concretos quitan el aliento.

El proyecto MAPA de Arauco tardó 14 años desde su presentación hasta operar, pese a ser aprobado por unanimidad en el SEIA. Mientras tanto, en Brasil, el mismo grupo ejecutó un megaproyecto equivalente en 18 meses. El parque eólico Viento Sur tiene su RCA aprobada pero lleva seis años trabado en tribunales.

El proyecto de tierras raras en Penco, estratégico para la electromovilidad global, fue aprobado en junio de 2026 tras tres años de trámites y enfrenta ahora el riesgo de una nueva judicialización.

En total, hay US$951 millones de inversiones retrasadas o bloqueadas en la región según la CChC Los Ángeles. La megarreforma de permisología del gobierno apunta en la dirección correcta: Plataforma única SUPER.; silencio administrativo; reducción de plazos entre 30% y 70%.

Pero como advierte el centro Pivotes, la reforma es necesaria y no suficiente. No hay propuestas contundentes en capital humano, productividad o capacidad del Estado.

La región tiene todos los ingredientes para renacer: una base universitaria sólida, sectores emergentes de enorme potencial —energías renovables, minerales críticos, manufactura avanzada— y proyectos concretos en cartera. Lo que le falta es articulación.

La propuesta es un Triángulo Virtuoso: academia que produce evidencia y capital humano, Estado que simplifica reglas y garantiza certeza jurídica, y empresa privada que aporta inversión y encadenamiento productivo.

Ya existe una prueba de que funciona: el Centro de Manufactura Avanzada e Industria 4.0, alianza de UdeC, UBB, Huachipato y Corfo, con $15.000 millones de inversión y proyección de más de 1.360 servicios tecnológicos en una década.

Ese modelo debe escalar. No como piloto. Como política de Estado. El decano Weber de la USS lo formuló con precisión: "Se pueden lograr avances significativos mediante mejor gestión, sin necesidad de reformas legales complejas." El desafío no es solo legal. Es de voluntad política y coordinación.

Cada día que un proyecto viable permanece estancado representa un empleo que no existe, una familia que se va, una región que se achica.

El Biobío tiene las piezas. El Triángulo Virtuoso es la forma de ensamblarlas.

AUTOR: Luis Santibañez Bastidas - CoRe Biobío - Presidente de Presupuesto e Inversión.