La recuperación de tierras por comunidades indígenas, la anulación de la Ley de Pesca y las políticas medioambientales fueron los principales ejes temáticos del encuentro.

Por primera vez, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la cámara de diputados, compuesta por los parlamentarios Raúl Saldívar, Roberto Poblete y Hugo Gutiérrez, sesionó en la Provincia de Arauco, específicamente en Pehuén, localidad rural perteneciente a Lebu.

El conflicto mapuche, la anulación de la Ley de Pesca y las políticas medioambientales fueron los ejes temáticos del encuentro, donde dirigentes plantearon las principales problemáticas que les aquejan en la materia.

La gestión para traer a los diputados a la zona, la realizó la Mesa Territorial de las Comunidades Lafkenches Leufu, quienes presentaron sus demandas ante el congreso en agosto pasado.

En este contexto, el vocero de la organización indígena, Pedro Sáez, se mostró agradecido con la visita de los parlamentarios y manifestó la indignación que sienten las comunidades por no tener solución al conflicto de tierras, argumentando que las políticas siguen beneficiando al sector privado en desmedro de sus intereses.

"Esperamos que el compromiso que adquirieron hoy los diputados se cumpla, y que se nos dé solución con respecto a recuperar nuestras tierras, el derecho al mar y el problema de las forestales que nos tienen sin agua, no sólo a nosotros, sino también, a todas las personas que trabajan la tierra", indicó.

Asimismo, Melchor Celedón, presidente de la Mesa Comunal de Pesca comentó que "una vez más planteamos nuestro rechazo a la Ley de Pesca porque es una legislación nefasta que vulnera la posibilidad de trabajo para nuestro sector y autoriza al sector industrial a depredar los recursos que son acotados. En este sentido, expusimos a la comisión de Derechos Humanos este problema para que nos apoye y, de una vez por todas, se anule esta legislación".

El alcalde de Lebu, Cristián Peña, señaló que "en esta sesión se plantearon diversas temáticas que afectan a las comunidades mapuche y a la pesca artesanal. En la actualidad más del 80% del territorio está invadido por las forestales, y como comunidad no recibimos absolutamente nada a cambio. Han dejado una historia de daño medioambiental que mantiene sin agua a muchas personas que trabajan y viven de la tierra. El Estado debe hacerse cargo de esta problemática y regular la actividad forestal. Además, los lebulenses hace bastante tiempo estamos en una campaña de oposición a la Ley de Pesca. Esperamos que lo que se ha planteado hoy se concrete a corto plazo".

Luego de dos horas de sesión, la comisión se comprometió a trabajar con las comunidades indígenas y pescadores para intentar resolver las problemáticas expuestas. Para esto, se oficiará a la Presidenta de la República, solicitando la creación del Ministerios de Asuntos Indígenas; el término de la actual Ley de Pesca y eliminación definitiva del decreto 701, que impulsa el desarrollo forestal en Chile.

Raúl Saldívar, presidente de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios explicó que mientras el problema mapuche se vea como un problema policiaco, no tendrá solución.

"Los acuerdos giran en función de buscar soluciones a los temas más apremiantes del pueblo mapuche y particularmente de las comunidades de Lebu. En primer lugar está la desmilitarización del concepto con que se aborda el problema mapuche; en segundo lugar, tenemos que poner el acento más fuertemente en la recuperación de tierras y la escasez del agua. Además, hemos resuelto dar pleno apoyo a la solicitud de la anulación de la Ley de Pesca para pensar en una legislación que se conciba de forma democrática y transparente y que no esté estigmatizada por las irregularidades que se han ido conociendo en el último tiempo. Vamos a trabajar con mucho compromiso y con mucha convicción porque al venir a terreno quedamos empapados de una realidad que sólo conocíamos por información, pero ahora la hemos visto y la hemos palpado de manera directa y eso nos motiva mucho".

Los parlamentarios y actores sociales involucrados coincidieron en que la modificación constitucional es clave para resolver la desigualdad y la baja representatividad que existe en los sectores sociales ligados a la pesca y a la interculturalidad.