Javier Villa Esperguel, es un abogado cañetino con importante experiencia en temas medioambientales y que está de vuelta en su pueblo para desarrollar su especialidad, nos privilegiará además con su colaboración, partiendo por casa, escribiendo sobre la peligrosa falta de fiscalización medioambiental en Cañete.

Resulta fácil asumir la señalada conclusión, en Cañete no se fiscaliza la garantía constitucional de un medio ambiente libre de contaminación. De un breve análisis del SNIFA (sistema nacional de información de fiscalización ambiental) aparece que hasta el momento solo se han realizado dos fiscalizaciones ambientales en la comuna, y ambas relativas a la emisión de ruidos que superan el límite de decibeles permitidos.

Ahora bien, cabe aclarar, que a quien corresponde realizar dicha fiscalización es en primera instancia al municipio, entidad que al advertir o presumir una eventual contaminación ambiental debe acudir a la Superintendencia de Medio Ambiente, o en su caso a la BRIDEMA, perteneciente a la Policía de Investigaciones.

Lo anterior nos permite concluir dos aspectos excluyentes entre si:

En Cañete no existe contaminación ambiental, o bien, las autoridades no cumplen su función de fiscalización ambiental y su correspondiente denuncia.

Si acogimos la primera tesis, en Cañete no existe contaminación, basta acudir a la definición legal de contaminación -presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores según corresponda en la legislación vigente-, y de daño ambiental -toda perdida, disminución detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes-, para que el sentido común incline la balanza a que nuestras autoridades o no fiscalizan o no denuncian.

En este momento, de seguro, todos nos recordamos de la contaminación que ha sufrido nuestro Lago Lanalhue, la contaminación que se produce al extraer áridos sin el correspondiente permiso ambiental, la contaminación que producirán las futuras centrales hidroeléctricas, los malos olores existentes en ciertos sectores de la comuna (si, también es contaminación), etc.

Sin embargo, no todo está perdido, pensemos de buena fe que “solamente” existe un desconocimiento por nuestras autoridades sobre el entramado legal relativos a los servicios públicos con competencia ambiental (Ministerio de Medio Ambiente, Tribunal Ambiental, Superintendencia de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, entre otros).

Por lo pronto, cabe destacar la presencia en nuestra ciudad de ciudadanos informados, ONGs, pequeños empresarios e inclusos Bomberos -a través de la cooperación en el combate de incendios forestales y derramamiento de sustancias peligrosas-, que día a día intentan asegurar aquella premisa constitucional y legal de garantizarnos a todos los ciudadanos un medio ambiente libre de contaminación (y no de fiscalización).