Nuevamente salen a la palestra los mismos protagonistas por dudosos acuerdos, los realizados entre abogados de la administración municipal de Abraham Silva, los señores Almanza y Torres con un conocido abogado de Cañete; primero fue el cuestionado acuerdo por el uso de fundo Anique y ahora por venta de un terreno en Cayucupil, según nos cuenta el concejal Cristian Medina.
No es un tema nuevo, Medina ya había puesto en duda esta compra en septiembre de 2014 (leer acá) y entonces se tuvieron que quedar con las enredadas y poco claras explicaciones del asesor jurídico de entonces, el señor Carlos Almanza. En resumen, se trataba de una reclamación que hizo el abogado Rocha por el terreno donde YA SE CONSTRUIA el proyecto de una planta de tratamiento de aguas servidas, entonces en nombre de representadas y con documentación en mano mas un peritaje de común acuerdo entre abogados demostraba que los terrenos habían sido mal adquiridos y debían restituirse o pagar 30 millones a las representadas de Rocha a lo que Almanza recomendó al Concejo hacerlo, pagar.
El Concejo aprobó la "nueva" COMPRA DEL TERRENO e instruyó a Almanza que lo hiciera, solicitando además que revisara la compra anterior y se pidiera la devolución de los dineros de esa compra, como también lo pidió la Contraloría y que NUNCA se hizo.
Pues bien, empoderado en su función de fiscalizador, el concejal Cristian Medina siguió investigando el caso, que según le han dicho asesores legales que contrató para estudiar el tema, hubo y siguen habiendo irregularidades, sigue la duda que el terreno haya sido de las representadas del abogado Rocha y lo último, que el Abogado Almanza NO COMPRÓ los terrenos como se le instruyó, sino que compró una cesión de derechos por la mitad de este, por lo que se podrá pedir la nulidad de la venta, según entendidos en la materia.
Cristian Medina nos envía un audio y una nota explicando las acciones que ha realizado y se seguirán realizando a través del Concejo Municipal:
El año 2012 la Municipalidad compró a los señores. Méndez el terreno para construir la PTAS (planta de tratamiento de aguas servidas) de Cayucupil.
El año 2014 el Concejo fue informado de dos demandas del abogado Hervarth Rocha por sus clientas sras. Marta Rivera y Ana Madrid, en que alegaban la propiedad del terreno en que YA se estaba construyendo la planta. (una situación similar ocurrió años atrás con la PTAS de Cañete, pero entonces, quien cuestionó los terrenos lo hizo antes que se empezara a construir).
El problema era que la Juez ordenó la paralización de la planta mientras se tramitaba el juicio.
En varias sesiones de Concejo, el Alcalde Silva, el administrador municipal Torres y el abogado Almanza nos explicaron que el abogado Rocha pretendía 30 millones de pesos para vender el terreno a la Municipalidad y terminar los juicios.
En las sesiones de Concejo quedó claro que se pagaría el terreno. Incluso el Concejal Viveros pidió precisar si se compraba derechos o un terreno como cuerpo cierto, y se nos informó que era el Lote 25. Y que la Municipalidad quedaría ahora con dos lotes, el 24B y el 25.
A pesar que voté a favor, a mí la situación no me quedó clara y contraté por mi cuenta un abogado de Concepción que me diera un informe.
Y ese abogado me dijo que la primera compra estaba correcta, que los títulos del sr. Rocha se referían a otro terreno y que no era correcto haber pagado por segunda vez el mismo terreno.
Me percaté después que el abogado Municipal no había hecho ningún estudio de títulos para esta segunda compra.
Pero lo más grave fue que al final la escritura de compraventa de abril de 2014 se hizo por el 50% de las acciones y derechos que las vendedoras poseían en el lote 25, o sea, la municipalidad de Cañete no compró un terreno, sino la mitad de las acciones y derechos que ambas sras. poseían en un terreno.
Y así quedamos: Hasta el día de hoy quedamos dueños EN COMUNIDAD con estas sras. del Lote 25 de Santa Elena.
Lo que pretendo es que se demande la nulidad del contrato, porque LO QUE SE COMPRÓ NO FUE LO QUE EL CONCEJO APROBÓ, y eso es nulo, porque la ley exige que para comprar bienes raíces el Alcalde debe requerir acuerdo del Concejo, y aquí se compró una cosa distinta de la que el Concejo autorizó. Y además una cosa inútil.
Yo quiero que se demande la nulidad y que se pida en la demanda que las vendedoras devuelvan esos 30 millones de pesos al Municipio.
Y que la Municipalidad devuelva esas acciones y derechos que no nos sirven para nada, porque somos dueños legítimos del terreno en que está la planta, por la primera compra que se hizo en 2012.
Adicionalmente, el título de propiedad que representa Rocha dice que tiene una hectárea (100 por 100 metros), con límite Norte CAMINO DE CAÑETE A CAYUCUPIL. Lo emplazo a que vaya a medir a cuantos metros está la planta del camino.
O sea, si la planta está a 101 o 150 o 200 metros del camino, entonces este predio ES IMPOSIBLE que haya podido ser ocupado por la planta.
Escuche los detalles en voz del concejal
