El magistrado advirtió que aún rige un Decreto Ley aprobado en dictadura que permite a las policías disolver cualquier manifestación, vulnerando el derecho constitucional de los chilenos a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Además, denunció la eventual persecución que sufren jueces y juezas que se pronuncian en favor de los derechos humanos.

Ante la Comisión de DD.HH. del Senado, el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, explicó que existe un conflicto legal que hace que el Estado chileno infrinja de manera permanente el derecho de los chilenos y chilenas de manifestarse de manera pacífica, sin permiso previo y sin armas, aun cuando este precepto está garantizado en nuestra Constitución.

En su exposición, el magistrado aclaró que su presencia era a título personal y no como representante del Poder Judicial. En ese contexto, afirmó que desde 1983 a la fecha se encuentra vigente el Decreto Ley 1086, el cual le ordena a Carabineros a disolver cualquier manifestación, lo que a su juicio es uno de los primeros y más graves problemas que tiene el Estado chileno.

'Ese decreto no cumple ningún estándar de derechos humanos y no podía cumplirlo, porque evidentemente la dictadura no trabajaba con los derechos humanos, sino al revés (…) Es importante, porque en algunos recursos de protección a los que me puedo referir, porque yo no veo ese tipo de materias, el ministerio del Interior ha señalado que prácticamente Carabineros se manda solo por la existencia del Decreto Ley 1086', resaltó.

Junto con vulnerar las propias normas constitucionales, Urrutia también reparó que contraviene la Convención Americana de DD.HH. y los pactos de derechos y deberes políticos suscritos por Chile. 'Esa estructura es pre democrática (…) Esto permite que exista una permanente violación a los derechos humanos. Es decir, hay un estado inconstitucional de cosas, porque no se cumple con la Constitución en aquella parte donde dice que yo me puedo manifestar sin que sea disuelta mi manifestación', sostuvo.

El magistrado explicó que 'la solución del sistema de DD.HH. es básicamente decir que razonablemente y prudentemente (la protesta) va a molestar a otras personas, como cortar la calle durante el tiempo que permita desarrollar el contenido de la protesta y, después de ese momento, se autoriza a disolver con medios proporcionales, pero no antes'.

El otro problema detectado por Urrutia es que la estructura actual del Poder Judicial atenta contra la independencia de jueces y juezas, ya que son sus superiores los que deben calificar su desempeño.

'Las Cortes, la Corte de Apelaciones de Santiago en forma específica, ha abierto sumario en contra de jueces que defienden los derechos humanos y eso lo ha hecho desde hace varios años. Eso es importante, porque la apertura de sumarios en contra de jueces y juezas que defienden los derechos humanos justamente inhibe a otros a realizar acciones en defensa de los derechos humanos', destacó.

Pese a esto, el magistrado dijo que en la actualidad se han dado situaciones dispares, pero que en general los tribunales han acogido los recursos de amparo presentados a favor de las víctimas, a diferencia de la época dictatorial. 'Los jueces y juezas se han constituido en las Comisarías y han podido, a mi juicio, evitar una mayor posibilidad de continuación de violación a los dd.hh., ya que han hecho controles de detención de manera inmediata pudiendo liberar a manifestantes de forma inmediata', agregó.

Por último, el juez también denunció que el tribunal de alzada capitalino ha abierto sumarios contra algunos de sus pares por el contenido que han publicado en sus redes sociales personales, conculcando el derecho de esos ciudadanos a la libertad de expresión.

En esa misma línea, el senador del partido Progresista, Alejandro Navarro, indicó tras la comisión que 'no podemos permanecer impasibles ante los hechos y la única solución no es la represión, no es seguir marchando infinitamente. Yo espero que la comisión de derechos humanos del senado, que es un espacio de diálogo, sea contribuyente a hacerle presente esta mirada al presidente de la república, que parece que vive en otro país porque no se ha dado cuenta que lo que dice no es lo que la gente quiere, y que lo que hace no resuelve los problemas, al contrario los agrava.

El parlamentario argumentó que 'lo que no puede ocurrir es que los costos que está pagando la gente que se moviliza, los costos que están pagando las personas que sufren daños a su propiedad, particularmente los pequeños empresarios sigan creciendo. Tiene que haber una salida política, no militar ni policial. Por ahora Piñera nos ofrece salidas militares, salidas policiales y las y los progresistas estamos por una salida política social con la comunidad, siempre de la mano a la ciudadanía y nunca de espaldas a la ciudadanía'.