Para ello esperan que el Ejecutivo patrocine una iniciativa que amplía las facultades de los municipios. La idea es que puedan dictar ordenanzas para terminar con los ataques que realizan al ganado y la población en general.

Invitar a una próxima sesión a representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) fue el acuerdo que adoptaron los integrantes de la Comisión de Agricultura tras revisar el estado del proyecto que permite a las municipalidades dictar ordenanzas orientadas al control de perros asilvestrados.

La norma de autoría de los senadores Felipe Harboe, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Ximena Rincón y Álvaro Elizalde, faculta a las municipalidades dictar ordenanzas que permitan la utilización del sacrificio de perros asilvestrados cuando el ataque de estos pueda generar peligro para la seguridad de las personas y las especies protegidas.

Dicha disposición resulta inadmisible, por lo que se espera que el Ejecutivo la patrocine y facilite su materialización. Ese deseo expresó la Comisión de Agricultura considerando que es necesario controlar a estos animales –sobre todo en el extremo sur del país- que devoran ganado y atacan a personas mayoritariamente niños, adultos mayores y trabajadores que se desplazan en bicicleta en áreas rurales.

En tal sentido, en la sesión del 18 de mayo se registró un debate en cuanto a la admisibilidad del texto, respecto a que se condiciona una atribución de los municipios, aspecto que se considera materia exclusiva del Ejecutivo.

La senadora Carmen Gloria Aravena explicó que “en Aysén es donde más se presenta este problema, pero otros alcaldes nos han hecho ver lo mismo. Hay una dificultad importante para controlar los perros asilvestrados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud en los últimos 6 meses ha reportado 18 mil ataques de jaurías. Hay 753 mil perros inscritos en la ley de tenencia responsable, pero 500 mil que no registran dueño, por lo que nadie se responsabiliza de potenciales agresiones”.

En tanto, el senador Jorge Pizarro manifestó que “creo que todos estamos de acuerdo con la necesidad de legislar esta materia, pero me preocupa que se sigan entregando roles a las municipalidades pero no se les entreguen los recursos para ejecutar las ordenanzas que van a dictar”.

REAVALÚO PREDIOS AGRÍCOLAS

Gran parte de la sesión de la Comisión se abocó a conocer detalles del proceso de reavalúo de los predios agrícolas que realiza cada cuatro años el Servicio de Impuestos Internos (SII). El director de dicho organismo, Fernando Barraza; y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno explicaron el resultado de esta versión.

Las autoridades explicaron que el proceso actualiza el precio del suelo que puede ser de riego, que principalmente se usa para cultivar frutales; secano arable que se nutre de agua lluvia y suele corresponder a praderas y al cultivo de cereales; y secano no arable donde no es posible cultivar y tiende a tener un uso forestal. La tasación del suelo está en función de su capacidad productiva, por lo que no considera lo sembrado o cosechado.

“Luego de realizar el catastro de 948 mil predios que corresponden a un 12% del total país y que están en manos de 529 mil propietarios en 327 comunas; se midieron 72 mil que estaban exentos de impuesto y 175 mil afectos. En los últimos cuatro años (2015 al 2019), se incrementaron el número de suelos de mayor plusvalía. Se observó una alta sensibilización de las comunas alcanzando un 92%. Esta cifra nos obligó a generar planes de mitigación”, explicó Barraza.

Agregó que “se aumentó los predios que están exentos del pago de bienes raíces agrícolas, de manera que un 81% de los dueños no cancelarán contribuciones, lo que equivale a unos 772 mil predios. También se estableció un alza gradual del pago de cuotas de contribuciones, las que se incrementaron en promedio un 25%. Los predios que pasen de la categoría de exentos a afectos a impuestos no pagarán más de 17 mil pesos durante el primer semestre de la entrada en vigencia del reavalúo”.

Tras la exposición, los senadores valoraron las medidas adoptadas para evitar que el alza de la valorización del suelo significara desembolsar cuantiosas cifras considerando que gran parte de los predios son usados para fines agrícolas. A la vez, hicieron ver las necesidades de los agricultores de las zonas que representan.

ETIQUETADO DE FERTILIZANTES

También la Comisión revisó las tres indicaciones pendientes de votar del proyecto que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes (Boletín N° 12233-01), el que cursa su segundo trámite.

El Ministerio de Agricultura se refirió a los plazos de la norma, luego que se establecieran 12 meses para que los actores que operen fertilizantes puedan inscribirse en el registro que administrará el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El representante de la citada cartera explicó que “hay que revisar los procedimientos nacionales y los tratados internacionales que hemos firmado para ver si calzan los tiempos. Nosotros el lunes 25 queremos presentarles una indicación que podría someterse a votación”.

En virtud de los anterior, la Comisión acordó votar las indicaciones pendientes el citado día, de manera de despachar la iniciativa a Sala.